jueves, 6 de febrero de 2014

“El feto era inviable y se lavaron las manos”

De acuerdo con el relato de los hechos de "El País", una mujer embarazada de 20 semanas acude a urgencias del Hospital de la Paz de Madrid, donde es diagnosticada de rotura prematura de membranas y ausencia de líquido amniótico. En estas circunstancias, el feto es inviable y existe riesgo de infección grave para la madre, por lo que es ingresada y se le administra tratamiento antibiótico intravenoso. Ante esta situación, la mujer solicita que se le practique una interrupción voluntaria del embarazo (IVE), prestación sanitaria a la que tiene derecho. Los profesionales sanitarios deniegan la atención sanitaria solicitada porque el servicio de ginecología había decidido en bloque no practicar abortos. Le comunican que si quiere abortar debe gestionárselo ella. Le retiran el tratamiento intravenoso y le dan el alta.

La Ley orgánica 2/2010, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo prevé que la negativa a practicar interrupciones voluntarias del embarazo por motivos de conciencia solo podrá realizarse de manera individual, por lo que la decisión colectiva de no practicar abortos en La Paz es contraria a la Ley y no puede ser considerada causa justa para negarse a practicar abortos. La Ley también obliga taxativamente a los profesionales objetores a dartratamiento y atención médica adecuados a las mujeres que lo precisen antes y después de haberse sometido a una intervención de interrupción del embarazo.” El hospital denegó el tratamiento solicitado y, en lugar de iniciar los trámites para el traslado de la paciente a un centro hospitalario en que se le pudiera practicar la IVE, manteniendo de esta manera el tratamiento antibiótico intravenoso, decidió darle el alta. Esta decisión aumentó el riesgo de infección y la posibilidad de complicaciones. Las complicaciones pueden causar la muerte.

Unos profesionales que están obligados a prestar una asistencia sanitaria a una mujer que tenía derecho a ella, la denegaron sin que existiera causa que justificara esta denegación. Además, de la decisión de darle el alta y retirar el tratamiento intravenoso se derivó un riesgo para la salud de la madre que se podría haber evitado si el hospital hubiera realizado los trámites para el traslado de la paciente a otro centro hospitalario. Estos médicos, estando en el ejercicio de sus actividades profesionales, por razón de su enfermedad, denegaron a una mujer una prestación a la que tenía derecho; así lo establece una ley orgánica que tiene por objeto “garantizar los derechos fundamentales en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, regular las condiciones de la interrupción voluntaria del embarazo y establecer las correspondientes obligaciones de los poderes públicos.” Todo esto sucede, por supuesto, con el consentimiento de la dirección del hospital.

Lamentablemente, este caso no es único. La mayor parte de los hospitales públicos no realizan IVE. Muchos hospitales públicos, si no todos, son dirigidos por personas nombradas atendiendo a criterios desconocidos; rara vez el currículum profesional es el factor determinante para el nombramiento. Son cesados sin que la buena o mala gestión tenga ningún peso en la decisión y, además, su vida es corta. Quiero decir que duran poco en el cargo. Una situación ideal para que los jefes de servicio, mucho más longevos, puedan convertir sus unidades en reinos independientes y actuar en ellas como señores feudales. Cualquier discrepancia se paga cara. En esta situación la decisión del jefe de servicio de ser objetor de conciencia en relación al aborto se convierte en una decisión colectiva, aunque esta decisión colectiva esté expresamente prohibida por la Ley. La consecuencia es una flagrante vulneración de los derechos de las mujeres.

No exagero. En España, se dio el caso esperpéntico de una comunidad autónoma en la que las mujeres que deseaban interrumpir su embarazo debían desplazarse a otra comunidad autónoma porque en la suya no había ningún hospital, ni público ni privado, en que se practicaran IVE. ¿Todos los médicos de Navarra eran objetores?

La objeción de conciencia

Uno puede estar tronado y pensar que el Universo tiene menos de 10.000 años, puede decidir estudiar biología y también puede optar por ser profesor (funcionario) en un instituto público. Lo que sería un disparate es que este tronado se declarase objetor de conciencia y se negase a explicar la teoría de la evolución. El disparate adquiriría dimensiones cósmicas si el tronado fuera director del instituto, decidiera que todos los profesores son objetores y no aceptara alumnos que quieren conocer qué es la evolución. No parece posible que la administración educativa permitiera semejante desvarío.

La objeción de conciencia es la negativa a cumplir una norma que impone obligaciones porque se considera que es contraria a las propias creencias éticas o religiosas. Uno puede considerar que va contra sus creencias pagar impuestos que sirven para mantener la Casa Real, objetar y negarse a pagarlos. La Agencia Estatal de Administración Tributaria le hará renegar de sus creencias y si busca el amparo de los tribunales, la respuesta que obtendrá es que en un estado derecho todos estamos obligados a cumplir la ley, aunque no nos guste. Podría suceder que la objeción por una determinada causa se generalizara y hubiera mucha gente dispuesta a ir a la cárcel por defender sus creencias. En este caso quizás se llegara a reconocer el derecho a la objeción de conciencia en un determinado supuesto. Es lo que sucedió en España con la objeción de conciencia al servicio militar, que es la única que está reconocida en la Constitución.

En una democracia, el estado se dota de los recursos materiales y humanos para garantizar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos y la prestación de los servicios a que tienen derecho. Estos derechos y prestaciones son fruto de decisiones colectivas adoptadas por los cauces democráticamente establecidos. En el caso del aborto no se dan las condiciones que permiten considerar que estamos ante un caso de objeción de conciencia, ya que no se establece ninguna obligación. El Estado ha determinado que las mujeres en unos determinados supuestos y condiciones tienen derecho a interrumpir el embarazo y se ha dotado de medios materiales y humanos para garantizar este derecho. Es absurdo defender que quien voluntariamente ha decidido ser médico, ginecólogo y funcionario y ha de cumplir la ley y prestar los servicios para los que ha sido nombrado pueda alegar causa alguna que justifique su negativa a ejercer sus funciones. El absurdo se convierte en ignominia si la consecuencia es que las mujeres no pueden ejercer sus derechos y se pone en peligro su salud.

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